Informe Europeo protección social e inclusión 2008

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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 30.1.2008 COM(2008) 42 final

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2008 {SEC(2008)91}

 

MENSAJES CLAVE

  • Las políticas social y económica pueden y deben apoyarse mutuamente. En los últimos años,las reformas en materia de protección social y las políticas activas de inclusión social hanontribuido a alcanzar mayores cuotas de crecimiento y empleo. Aún así, debemos seguir trabajando para que la mejora del marco económico redunde en beneficio de los más marginados de la sociedad. Por lo tanto, para un desarrollo sostenible de Europa, es fundamental prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social mediante una nueva modernización de la protección social en un marco de políticas fiscales apropiadas, que combinen una protección social adecuada y su sostenibilidad económica. En términos más generales, deben aplicarse políticas integradas —que incluyan asimismo la igualdad de género— sin perder de vista el objetivo de la plena inclusión en la sociedad de los más vulnerables. Será necesario un esfuerzo sostenido no sólo durante el próximo ciclo de la Estrategia de Lisboa sino incluso después.
  • Ha aumentado la tasa de empleo de todas las categorías de trabajadores de más edad. Las medidas activas de inclusión social y las reformas de las pensiones y los mercados laborales han mejorado la incentivación del trabajo, pero aún es necesario que trabajen más personas y que permanezcan más tiempo económicamente activas. Junto con el esfuerzo por mejorar la productividad, ello contribuirá a cimentar una base más sólida para los sistemas de protección social y a lograr pensiones adecuadas y sostenibles. En particular, las reformas de las pensiones pueden promover el envejecimiento activo, al aumentar la empleabilidad, reducir los sistemas de jubilación anticipada, flexibilizar la jubilación y reforzar los incentivos para prolongar la vida laboral, a condición de que los trabajadores de más edad tengan acceso a los mercados laborales.
  • Si bien las reformas de las pensiones están ya bien encaminadas, debe vigilarse con regularidad su impacto en la futura adecuación, el riesgo de pobreza y la sostenibilidad. Debe concienciarse a las personas de los riesgos que conllevan los distintos sistemas de pensiones y promover una elección con conocimiento de causa.
  • De los setenta y ocho millones de europeos que corren riesgo de pobreza, diecinueve son niños. Es preciso garantizar la igualdad de oportunidades para todos y que cada niño pueda obtener buenos resultados escolares, para romper la cadena de transmisión de la pobreza y la exclusión a la generación siguiente. Deben reforzarse las políticas de inclusión y lucha contra la discriminación, especialmente de los inmigrantes y sus descendientes y de las minorías étnicas.
  • Cuando los niños son pobres es porque viven en hogares de desempleados que no gozan de suficiente ayuda financiera o porque los empleos de sus padres no están suficientemente remunerados para evitar la pobreza o salir de ella. Por lo tanto, la aplicación de estrategias activas de inclusión social equilibradas y globales constituye un factor indirecto pero importante para promover el bienestar de los niños y los jóvenes. Debe lograrse un equilibrio adecuado entre la ayuda a las familias y las medidas destinadas directamente a los propios niños. Las medidas más eficaces están dirigidas a los niños más desfavorecidos dentro de un planteamiento universal más amplio.
  • Las políticas sociales influyen considerablemente en la salud, que a su vez determina en buena medida las oportunidades de que gozan las personas a lo largo de su vida. Es preciso actuar para reducir las graves y persistentes desigualdades en materia de salud. Las intervenciones deben adoptar un planteamiento que integre la salud en todas las políticas. La protección social puede garantizar un acceso justo a la atención sanitaria y la prevención en función de las necesidades, incluso para las personas a las que es más difícil llegar.
  • Están aumentado las necesidades de cuidados de larga duración. Los Estados miembros se comprometen a incrementar el acceso a servicios de calidad. Debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre responsabilidades públicas y privadas y cuidados formales e informales. Es preferible la puesta a disposición de cuidados en un marco residencial o comunitario que de cuidados institucionales, pero muchos Estados miembros siguen teniendo dificultados para ofrecer servicios de esa calidad. Asimismo, la mejora de la coordinación de los cuidados y el apoyo a los cuidados informales siguen siendo un auténtico reto.
  • El primer ciclo del método abierto de coordinación racionalizado en el ámbito de la protección social ha puesto de manifiesto que los objetivos sociales comunes acordados en 2006 ayudaron a los Estados miembros a elaborar sus políticas. Estos objetivos, con los que se buscan resultados a largo plazo, siguen siendo válidos y su cumplimiento continuo es fundamental para el éxito de la Estrategia de Lisboa.
  • Una de las innovaciones del método abierto de coordinación en 2007 ha sido la de centrarse en temas clave, lo que ha aumentado el nivel de comprensión, ha promovido el aprendizaje mutuo y ha fomentado un seguimiento más adecuado y la elaboración de informes más concretos. Los Estados miembros y la Comisión aplicarán métodos de trabajo perfeccionados para reforzar la aplicación de las estrategias europeas y nacionales de cara al ciclo del método abierto de coordinación 2008-2011, y posteriormente.

1. INTRODUCCIÓN

A raíz de las reformas introducidas en el marco de la Estrategia de Lisboa, ha aumentado el crecimiento, se crea empleo y se reduce el desempleo en toda Europa. Son visibles los efectos positivos en la cohesión social, tal como se refleja, por ejemplo, en la reducción del desempleo de larga duración. Aunque también disminuyen, los desequilibrios entre mujeres y hombres siguen siendo considerables. La tasa de empleo de los trabajadores de más edad en la UE roza ahora el 44 % (34,8 % en el caso de las mujeres y 52,6 % en el caso de los hombres).

Nueve países han alcanzado el objetivo del 50 % fijado para 2010. Las reformas de la protección social y las políticas de inclusión social están empezando a dar sus frutos: promueven la cohesión social de manera directa pero también promueven el crecimiento, al aumentar la oferta de mano de obra y aplicar una fiscalidad más sostenible. La financiación de la protección social está sujeta a una ampliación de la base de financiación, desde la fiscalidad del trabajo, a otros tipos de impuestos. Es necesario optimizar la calidad del gasto social para mantener unos niveles de protección social adecuados y unas finanzas públicas saneadas.

Pero un buen crecimiento y la creación de empleo no mejorarán automáticamente la situación de los más marginados en nuestras sociedades. Tener un empleo es la mejor manera de evitar la exclusión, pero no siempre es una garantía. Un 8 % de los ciudadanos de la UE corren riesgo de pobreza a pesar de tener un empleo. Incluso en mercados laborales boyantes, los hogares sin empleo pueden permanecer al margen de la bonanza y algunos se quedan estancados en un ciclo de salarios bajos o no perciben salario alguno. Si consideramos la población en su conjunto, aproximadamente un 16 % de los ciudadanos de la UE, casi ochenta millones de personas, corren riesgo de pobreza de ingresos, y las mujeres tienen mayor probabilidad de padecerla. En la mayoría de los Estados miembros, los niños y los jóvenes figuran entre los grupos vulnerables que corren un riesgo aún mayor.

El informe conjunto de 2007 examinó el primer conjunto de informes estratégicos nacionales que trataban de manera integrada las políticas de inclusión social, las pensiones y la salud y la asistencia a largo plazo (1). Los informes ilustraban cómo la toma en consideración conjunta de todos los objetivos y un planteamiento más estratégico y específico mejoran la eficacia de las políticas y la calidad del gasto público. En 2007 no se entregaron informes nacionales, lo que permitió centrarse en cuestiones específicas que destacan la dimensión a largo plazo de la estrategia europea. La sección 2 resume las enseñanzas sobre las cuestiones seleccionadas, mientras que la sección 3 está orientada a la acción futura. También en 2007 se puso en marcha el nuevo periodo de programación de los Fondos Estructurales. La mayoría de los Estados miembros han hecho un esfuerzo significativo para dedicar los Fondos Estructurales no sólo a las prioridades de «crecimiento y empleo» sino también a alcanzar los objetivos sociales comunes. En el presupuesto del Fondo Social Europeo (FSE) para 2007-2013, se dedicarán casi 10 000 millones de euros directamente a la prioridad de inclusión social, es decir, un 12,4 % del total. Además de esta asignación directa, otras actividades del FSE apoyarán la inclusión de personas desfavorecidas. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) también hará una inversión significativa, en torno a 17 000 millones de euros, en infraestructura social (educación, salud, cuidado de niños y vivienda social). Los Estados miembros están recurriendo a los Fondos Estructurales para complementar eficazmente la financiación y las actividades nacionales, regionales y locales.

En el documento justificativo se ofrecen una evaluación más detallada de las distintas cuestiones y un análisis global del uso de los Fondos Estructurales para los objetivos sociales comunes (2).

Notas a pie de página

(1) En el transcurso de 2007 algunos Estados miembros actualizaron sus estrategias: FR, NL, AT, RO, SI, FI, SE y UK.
(2) Algunos otros instrumentos financieros de la UE, como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, contribuyen también a la inclusión social.

 

2. INTERACCIÓN MUTUA ENTRE EL MÉTODO ABIERTO DE COORDINACIÓN Y LA ESTRATEGIA DE LISBOA PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

El Consejo Europeo de marzo de 2007 subrayó que la Agenda de Lisboa debía reflejar mejor los objetivos sociales comunes de la UE. El Consejo informal se hizo eco de la necesidad de mejorar la integración y la visibilidad de las prioridades sociales dentro del marco más amplio de la reforma de la estrategia europea. Los ministros destacaron que la coordinación de las políticas es uno de los factores más importantes del avance de la UE en cuestiones sociales y de empleo, tanto para mejorar la calidad de las políticas como para avanzar hacia objetivos comunes. El Comité de Protección Social reaccionó dando un mandato a un grupo de trabajo para que identificara ejemplos de interacción mutua positiva entre los objetivos sociales comunes y los objetivos de mayor crecimiento económico y más y mejores empleos. El informe del grupo de trabajo destacó que las políticas económica, de empleo y social están estrechamente interrelacionadas y se apoyan mutuamente. Bien concebidos, los sistemas de protección social y las políticas de inclusión social son factores productivos que contribuyen enormemente a los éxitos económicos de cada Estado miembro. Las reformas en curso de las pensiones y de la asistencia sanitaria inciden positivamente en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en el comportamiento del mercado laboral. La adopción de medidas adecuadas sobre asistencia sanitaria mejora la calidad de vida y la productividad. Las políticas activas globales de inclusión social destinadas a las personas más alejadas del mercado laboral mejoran el capital humano y la oferta de mano de obra, a la vez que refuerzan la cohesión de la sociedad. La mejora del bienestar de los niños y los jóvenes ayuda a las futuras generaciones a desarrollar todo su potencial y, en consecuencia, les permite contribuir más a la sociedad y la economía.

2.1. Medidas contra la pobreza infantil

El riesgo de pobreza infantil en la UE, situado en un 19 %, supera el de la población en general. Este índice se acerca al 30 % en los países más afectados. Aproximadamente un 10 % de todos los niños viven en hogares en los que no trabaja ningún miembro y un 60 % de ellos corren riesgo de pobreza. A pesar de la mejora general que ha experimentado el mercado laboral, esta cifra no ha variado desde el año 2000. Cuando trabajan ambos padres, sólo un 7 % de los niños corren riesgo de pobreza, pero la proporción alcanza un 25 % cuando sólo trabaja uno de ellos. Entre otros factores, además de una baja intensidad laboral, cabe destacar el hecho de vivir con un solo padre o en una familia muy numerosa. Por término medio, las transferencias sociales reducen en un 44 % el riesgo de pobreza de los niños. La pobreza infantil resulta de una compleja interacción entre estos factores. Los países que tratan el problema desde todos los frentes y logran un buen equilibrio entre las medidas dirigidas a la familia y las dirigidas al propio niño tienden a obtener los mejores resultados. Ello implica una combinación de estrategias destinadas a aumentar el acceso y el apego de los padres al empleo mediante servicios de capacitación y ayudas pecuniarias que reduzcan al mínimo el riesgo de generar efectos trampa. El éxito dependerá de que estas medidas formen una combinación de políticas equilibrada, centrada en una intervención temprana, con recursos adecuados y objetivos y destinatarios bien definidos.

Generalmente, si los niños son pobres es porque viven en hogares pobres. La mejora de la situación material de los niños implica aumentar los ingresos familiares mediante una ayuda directa —financiera o con la prestación de servicios sociales básicos— y medidas que faciliten el acceso de ambos padres al mercado laboral. La conciliación de la vida laboral y la vida familiar puede ser un factor importante, por ejemplo, con un aumento de la calidad y la cantidad de servicios de cuidado de niños disponibles. No obstante, toda acción destinada a reforzar el vínculo de los padres con el mercado laboral debe ir acompañada de medidas que garanticen que quienes no tienen la capacidad o la oportunidad de trabajar reciban suficiente ayuda para que tanto ellos como sus familias vivan dignamente. La proporción de los niños que corren riesgo de pobreza, incluso cuando sus padres trabajan, pone de manifiesto la necesidad de empleos de mejor calidad, de un entorno propicio al mantenimiento del empleo y de oportunidades de progresar en la carrera profesional. En este contexto, es alentadora la importancia que adquiere la inclusión social activa en las propuestas de los Estados miembros de utilizar el FSE para eliminar los obstáculos a la participación de las personas desfavorecidas.

Los Estados miembros que obtienen los mejores resultados han logrado una combinación adecuada de prestaciones universales y específicas. Las medidas universales crean un entorno generalmente favorable a las familias, no tienen efectos trampa y no generan estigma. Ahora bien, también son necesarias prestaciones específicas, pensadas para no desincentivar el trabajo, destinadas a los más necesitados. La enseñanza puede desempeñar un papel fundamental, al compensar las desventajas socioeconómicas y preparar eficazmente el terreno para un desarrollo adecuado de los niños. Los Estados miembros reconocen que todos los niños deben tener las mismas oportunidades de acceso a las guarderías y los centros preescolares, y adoptan cada vez más medidas preventivas contra el abandono escolar prematuro.

No obstante, es necesario adoptar más medidas contra el riesgo de exclusión social de los niños y los jóvenes que padecen múltiples desventajas, como la particular marginación que sufren a menudo los niños gitanos. Debe darse más apoyo a programas de educación específicos, que estén destinados a estos grupos desfavorecidos y susciten la cooperación activa de los padres.

La frecuente exclusión social de los jóvenes que pasan su niñez en centros de acogida sigue siendo un grave problema. En muchos Estados miembros, se observa una tendencia a colocar a los niños en hogares de adopción, para ofrecerles un entorno familiar, en lugar del centro de acogida. Éste es uno de los muchos otros ámbitos en los que aún es posible el desarrollo de políticas y el aprendizaje mutuo (la evaluación y formación de los cuidadores de acogida, la contratación de personal para hacer frente al aumento previsto de colocaciones, etc.).

La adopción de objetivos cuantitativos nacionales combinados con un fuerte compromiso político puede mejorar la aplicación. Es fundamental una buena supervisión, por lo que se están estableciendo —y en algunos casos ya se han adoptado— mecanismos al respecto. Pero hay que reconocer que no es posible supervisar la situación de los niños más vulnerables — los que se encuentran en centros de acogida o los niños de la calle— con instrumentos de encuesta convencionales, sino que se necesitan instrumentos de seguimiento específicos. El Comité de protección social ha respaldado la propuesta de un conjunto de recomendaciones para mejorar el análisis y el seguimiento a partir de las labores del Grupo de Trabajo sobre Pobreza y Bienestar Infantil del Subgrupo sobre Indicadores.

Por último, existen generalmente sinergias por explotar entre las estrategias de lucha contra la pobreza, las políticas relativas a los derechos de los niños y los esfuerzos por combatir la discriminación. Se admite que la pobreza infantil debe considerarse desde una perspectiva amplia, que no se limite a la pobreza financiera, sino que abarque, por ejemplo, las privaciones materiales, la falta de participación social y la exposición a los riesgos, por ejemplo, los asociados al comportamiento.

2.2. Promoción de vidas laborales más largas

En la última década se han hecho profundas reformas estructurales del mercado laboral y de las pensiones en la mayoría de los países, y en algunos Estados miembros aún no se dan por concluidas. Estas reformas están basadas en un planteamiento del ciclo de vida, con el refuerzo de la relación entre cotizaciones de pensión y las prestaciones, y en estrategias de envejecimiento activo, con una reducción del acceso a los sistemas de jubilación anticipada, el aumento de los incentivos para trabajar más tiempo y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores de más edad. Tales reformas deben complementarse con medidas de flexiguridad a lo largo del ciclo de vida para mejorar tanto la cantidad como la calidad de los empleos, especialmente de las personas con carreras menos estables y salarios bajos que tienen dificultades para lograr una pensión adecuada. Los trabajadores que se acogen a una jubilación anticipada representan en torno a un 20 % de la población de entre 55 y 64 años. Por lo tanto, la reducción de estas jubilaciones anticipadas puede contribuir considerablemente a extender la vida laboral de los trabajadores.

La reciente mejora de las tasas de empleo de las personas de 55 a 64 años beneficia a todas las categorías de trabajadores, incluidos los poco cualificados. Las reformas en curso de los sistemas de jubilación anticipada deberían orientarse también a ese grupo.

La mayoría de los Estados miembros están llevando a cabo reformas para reducir las jubilaciones anticipadas, centradas en las prestaciones por desempleo y jubilación anticipada y el acceso a las pensiones por discapacidad y a la rehabilitación. Algunos revisan también los sistemas fiscales y las pensiones privadas.

Los objetivos clave de estas reformas son el endurecimiento de las condiciones de admisión y la creación de un marco adecuado para que los trabajadores de más edad puedan seguir participando en el mercado laboral, con excepciones en los casos de trabajos especialmente exigentes o peligrosos; una mayor incentivación de la prolongación de la vida laboral y la contratación y el mantenimiento de trabajadores de más edad por parte de los empleadores; y el incremento de las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y poco cualificadas, mediante una mejora de las condiciones de trabajo, la validación del aprendizaje no formal y la disponibilidad de oportunidades de mejora de las capacidades —por ejemplo, en TIC— de reciclaje profesional y de formación continua, a menudo con financiación del FSE.

No obstante, en algunos Estados miembros siguen aumentando las jubilaciones anticipadas. Por ello, deben aplicarse medidas más sistemáticas para reducir de manera significativa el tiempo entre el final del último empleo y el inicio de la jubilación legal. La mayoría de las medidas acentúan la disminución prevista de la futura pensión pública a una edad determinada y, en consecuencia, aumentan la preocupación por su futura adecuación. La respuesta apropiada consiste en lograr que trabajen más personas y que lo hagan más tiempo, lo cual exige un esfuerzo activo por reducir la discriminación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral y pone de manifiesto la importancia de las pensiones privadas complementarias.

2.3. Garantizar la disponibilidad de pensiones de financiación privada

Cada vez tienen más importancia los sistemas de pensión de financiación privada. Generalmente, ello implica un cambio en la distribución de los riesgos entre los beneficiarios, los gobiernos, las empresas patrocinadoras y los fondos de pensión, que debe evaluarse adecuadamente e ir acompañado de una reglamentación adecuada.

No es fácil evaluar plenamente su impacto en la adecuación de las futuras pensiones, que dependerá de la cuantía de las cotizaciones destinadas a los sistemas financiados y de la cobertura real de estos últimos. Si bien el aumento del empleo y de su productividad incrementa la cobertura de los trabajadores con menor acceso a las pensiones privadas, parece necesario aplicar medidas específicas para mejorar la cobertura media, actualmente de un 50- 60 %, y asegurarse de que toda la población trabajadora acumule suficientes derechos de pensión privada, objetivo que se han marcado muchos Estados miembros. Las futuras pensiones dependerán también del rendimiento real del capital acumulado y de los costes y las cotizaciones reales, que pueden afectar en mayor medida a las pensiones más bajas.

En los Estados miembros que introducen una mayor dependencia de las pensiones privadas, los mecanismos de transición se encuentran aún en fase de evolución. Por otro lado, factores como la edad de adhesión obligatoria a los sistemas de financiación oficial, el tratamiento de los periodos no contributivos, las normas de indización, el diseño de las garantías y las edades de jubilación pueden tener un fuerte impacto en las futuras pensiones.

Ahora bien, los sistemas financiados deben adaptarse también al aumento de la esperanza de vida. El aumento de la dependencia de las pensiones financiadas obliga a definir claramente el papel del Estado, lo cual conlleva la definición de las condiciones de pago, una supervisión adecuada, la información del público y ciertos conocimientos financieros.

2.4. Reducción de las desigualdades sanitarias

A pesar de las mejoras globales de la salud, sigue habiendo marcadas diferencias no sólo entre Estados miembros sino también, dentro de cada país, entre los distintos grupos de población, en función de la situación socioeconómica, el lugar de residencia, el grupo étnico y el sexo. Por norma general, las personas con menor formación, menos poder económico o peor situación profesional tienen vidas más cortas y sufren con más frecuencia enfermedades y problemas de salud que los grupos con mejor situación económica, y estas diferencias no tienden a disminuir. Las desigualdades de ingresos, la pobreza, el desempleo, el estrés, las malas condiciones laborales y la vivienda son importantes determinantes de desigualdad sanitaria, al igual que el comportamiento individual y la voluntad y capacidad de asumir los costes.

Si bien los sistemas de atención sanitaria han contribuido a mejorar significativamente la salud en la UE, el acceso a la atención sanitaria sigue siendo desigual entre los distintos grupos sociales. Un importante reto sigue siendo el de dar acceso a todo el mundo a cuidados de alta calidad, que reflejen los recientes avances tecnológicos, pero velando por su sostenibilidad. Por ello, los Estados miembros están aplicando políticas destinadas a reducir estas desigualdades, por ejemplo: combatiendo los factores de riesgo mediante la promoción de la salud; reduciendo la prevalencia y la incidencia de algunas enfermedades; y garantizando actividades de prevención más eficaces en distintos entornos (en el hogar, en el colegio y en el trabajo). Son también importantes las medidas destinadas a aumentar la cobertura de la población, salvar los obstáculos financieros a los cuidados, poner de relieve las actividades de promoción y prevención respecto a los cuidados curativos y superar las barreras culturales al uso de servicios. Se recurrirá a los Fondos Estructurales para apoyar las reformas y el desarrollo de capacidades, principalmente en las regiones convergentes, mejorar el acceso y desarrollar los recursos humanos.

No obstante, es preciso aplicar una combinación de políticas generales y de políticas adaptadas a los grupos socioeconómicos más bajos. La práctica totalidad de los Estados miembros han aplicado derechos universales o casi universales a la asistencia sanitaria y han adaptado los servicios para aquellos que tienen dificultades para acceder a los servicios convencionales debido a alguna discapacidad física o mental o a diferencias lingüísticas o culturales. Pocos Estados miembros han empezado a afrontar las desigualdades de salud de manera sistemática y global reduciendo las diferencias sociales, evitando las consiguientes diferencias sanitarias o paliando los problemas de salud que éstas generan. Ello garantizaría, en la práctica, la igualdad de acceso para las mismas necesidades. Por último, son también importantes las políticas ajenas al sector sanitario para mejorar la salud de la población y reducir las actuales diferencias en la asistencia sanitaria.

2.5. Cuidados de larga duración

El envejecimiento demográfico y el cambio socioeconómico tienden a considerarse como los principales factores responsables del futuro aumento de la demanda de servicios de cuidado de larga duración. De hecho, los aumentos de la demanda resultan principalmente de los incrementos de la esperanza de vida y de la incidencia de la invalidez y de la dependencia. Los Estados miembros han tomando conciencia de la necesidad de considerar los cuidados de larga duración como un nuevo riesgo social que debe cubrir la protección social y están comprometidos a garantizar un acceso a ellos casi universal. Aunque son inevitables algunas diferencias en la prestación de los servicios, la capacidad de pago de las personas o la aportación de las fuentes de financiación privadas no deben incidir negativamente en el acceso a servicios de alta calidad. Si bien se reconoce la necesidad de estos cuidados, las prestaciones actuales no se traducen necesariamente en un marco global y universal de prestación de cuidados de larga duración. Los Estados miembros procuran lograr una combinación sostenible entre fuentes de financiación públicas y privadas. Las medidas incluyen cambios en los mecanismos financieros pero, en muchos países, aún no se ha logrado una financiación segura de los cuidados de larga duración.

Los informes nacionales muestran que la prestación de servicios personalizados a las personas dependientes en un entorno residencial o comunitario es la alternativa preferida a los cuidados institucionales. El apoyo a los cuidadores informales y la utilización de nuevas tecnologías puede contribuir a que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en sus hogares. Se recurrirá a los Fondos Estructurales para promover la desinstitucionalización y reforzar los servicios comunitarios. Es fundamental una mejor coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales para lograr una adecuada evolución continua de los cuidados que permita alcanzar un elevado nivel de calidad y un uso eficaz de los recursos en la prestación de los cuidados de larga duración en un entorno institucional o comunitario. Para garantizar un elevado nivel de calidad, las medidas deben incluir la aplicación de normas uniformes y mecanismos de acreditación de la calidad asociados a métodos de evaluación de cumplimiento legal. Igual de importante es la cuestión del personal encargado de los cuidados de larga duración, compuesto principalmente por mujeres. Especialmente en los países con carencias en ese ámbito, la contratación, la formación y el reciclaje adecuados de personal siguen siendo un reto que el FSE y la coordinación de los cuidados formales y los cuidados informales pueden ayudar a superar. La mejora de las condiciones de trabajo y el reconocimiento oficial de los cuidadores informales en los sistemas de seguridad social ofrecen la posibilidad de garantizar un elevado nivel de calidad de los cuidados informales.

 

3. FUTURA EVOLUCIÓN DEL MÉTODO ABIERTO DE COORDINACIÓN

En 2007, la selección de ámbitos específicos permitió llevar a cabo un análisis en profundidad de los problemas de esos ámbitos y aplicar políticas adecuadas. En particular, el análisis de la pobreza infantil mejoró el nivel de comprensión común de los diversos factores que determinan la inclusión social y el bienestar social de los niños y los jóvenes. Aprovechar ese trabajo y garantizar el mismo progreso en los próximos años temáticos reforzará el impacto del método abierto de coordinación en los objetivos sociales comunes.

El método abierto de coordinación es determinante para promover una comprensión común de las prioridades de la política social. Su marco para el aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias ha impulsado la adopción de estrategias políticas más eficaces. Los avances conseguidos hasta ahora confirman la validez de los objetivos sociales comunes y constituyen un marco global de acción integrada. El análisis de los retos que nos aguardan a largo plazo pone de manifiesto la urgencia de redoblar el esfuerzo.

En el programa de trabajo del Comité de Protección Social para 2007 destacaba la búsqueda de formas de desarrollar aún más la cooperación. Las reflexiones se centraron en determinar cómo aumentar el potencial de aprendizaje mutuo. Se llegó a un acuerdo para la introducción de diversas mejoras en el ciclo 2008-2011:

  • La adopción de un planteamiento más centrado en el contexto y el proceso, en el que se analicen también las políticas que fracasan y el desarrollo iterativo de políticas en respuesta a los obstáculos que se plantean.
  • Un uso más integrado y estratégico de todos los instrumentos disponibles para apoyar la aplicación del método abierto de coordinación (especialmente PROGRESS).
  • Una incorporación más sistemática de los resultados clave de la elaboración de políticas, obtenidos mediante una supervisión reforzada.
  • Un refuerzo del marco analítico, con una evaluación del impacto social.
  • Nuevas mejoras de la gobernanza, con una participación continua de las partes interesadas, incluidas las autoridades locales, en el ciclo de medidas del método abierto de coordinación.
  • El fortalecimiento de la interacción mutua positiva entre el método abierto de coordinación social y otros procesos pertinentes de la UE en el marco de la Estrategia de Lisboa.
  • La mejora de la difusión de los resultados.

En su iniciativa de inclusión social activa (3) la Comisión ha invitado a los Estados miembros — y a otras partes interesadas— a considerar una propuesta destinada a reforzar la capacidad del método abierto de coordinación de contribuir al esfuerzo de los Estados miembros para conseguir los objetivos sociales comunes. Deben tomarse en consideración la subsidiariedad y las situaciones divergentes en los distintos Estados miembros. Pero se quiere partir de un entendimiento mutuo de los objetivos clave acordados para desarrollar, desde el consenso, las pautas de aplicación. De esta manera, se reforzará la eficacia del método abierto de coordinación para promover las mejores prácticas y supervisar los avances.

Notas a pie de página

(3) Consulta iniciada el 17 de octubre de 2007 sobre la Comunicación «Modernizar la protección social en aras de una mayor justicia social y una cohesión económica reforzada: promover la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral», COM(2007) 620.